viernes, 29 de noviembre de 2013

¿Crees que establecer una Agencia reguladora podría mejorar la gestión del abastecimiento de agua y saneamiento en España?

España siendo un país tan intervencionista no cuenta con ningún organismo o agente regulador de los servicios de agua a nivel estatal ni siquiera a nivel autonómico. Actualmente nos encontramos con una amalgama diversa de situaciones de gestión  y por consiguiente con la necesidad de crear una batería de indicadores comparables entre sí para poder medir y así mejorar la eficiencia en la gestión de agua y saneamiento de España.

Las agencias que regulan el abastecimiento de agua y saneamiento principalmente controlan y regulan los servicios prestados a los ciudadanos por las empresas públicas, privadas o las concesiones del servicio. Sus funciones principales sería regular los monopolios, promover la competencia intentando evitar abusos, garantizar la calidad del servicio y revisar tarifas entre otras cosas.

La mayoría de los entes reguladores fijan unas tarifas máximas por un período de años, que se llaman “techos de precios”. Por ejemplo, Costa Rica establece una tarifa que se ajusta anualmente, en Portugal lo que hacen es aplicar un nivel exacto de tarifas sin darle libertad a la empresa. Este procedimiento de control y regulación suele estar basado en el cumplimiento de unos indicadores de gestión a los que se somete anualmente a las empresas prestatarias. Otro de los aspectos destacables, sería poder hacer un estudio de fronteras de eficiencia, del tipo DEA (Data Environmental Analysis), lo que permitiría ubicar las empresas prestadoras más eficientes.

Existe en la actualidad dos modelos de intervención, el modelo Inglés y el modelo francés, aunque se empieza a hablar de un modelo híbrido entre los dos. El modelo inglés, básicamente regula la prestación de un servicio que pertenece a empresas privadas. La agencia reguladora se crea para controlar tarifas, recuperar costes, calidad, satisfacción del cliente….El modelo Francés, aplicado en la actualidad en España, no contempla la existencia de agencias reguladoras independientes ya que su función pertenece a las autoridades políticas, principalmente a la administración local. Entre estos dos modelos se puede concluir, que el modelo inglés es más flexible a las situaciones cambiantes del entorno, ya que los contratos de concesión del modelo francés suelen ser muy largos.

El origen de las agencias reguladoras se remonta a 1887, con la creación en EEUU de la Comisión de Comercio Interestatal para regular los ferrocarriles. En la actualidad, prácticamente todos los estados cuentan con su Public Utilities Commission, encargada entre otros sectores de la regulación y supervisión de los servicios de abastecimiento.

En Europa, una de las agencias más importante es la ubicada en Inglaterra y Gales denominada Office of Water Services (OFWAT). Fue creada en 1989 tras la privatización de los servicios de agua y saneamiento, aunque rinden cuentas al Parlamento Británico y al gobierno de Gales es una agencia independiente que entre sus funciones principales destaca, asegurar que las compañías de agua y abastecimiento prestan servicios de buena calidad, que son eficientes, establecimiento de tarifas, calidad ambiental… Según la propia OFWAT, los precios son un 30% más baratos que si las compañías no estuviesen cometidas a su control, este dato se encuentra en su informe anual (OFWAT 2012b). En Portugal se encuentra la Entidade Reguladora dos ServiÇos de Aguas e Residuos (ESAR), entre cuyos objetivos se encuentra la defensa de los derechos de los consumidores, calidad del servicio, tarifas etc.

Tenemos agencias independientes en Australia, donde cada estado tiene su propia agencia reguladora independiente en agua, gas, electricidad y transporte. También en África, donde por ejemplo, en Ghana se encuentra la public Utilities and regulatory Commision (PURC). Así seguimos en el mundo donde hay Agencias reguladoras en Japón, Indonesia, India….

Pero donde hay un lugar donde las agencia reguladoras han tenido un papel importante es en Latino-américa, en la década de los 90 casi todos los países, de forma exitosa o no tanto, privatizaron los servicios de agua y saneamiento, creando agencias en cada país para ello. En 2001, las agencias reguladoras de ocho de estos países constituyeron ADERASA, que es la asociación de Entes Reguladores de Agua potable y saneamiento en las América para iniciar así el proceso de integración y cooperación de dicho sector.

Centrando el caso Español, según el artículo 25.2.1 de la Ley 7/1985, de abril, reguladora de las bases del Régimen local. BOE nº 80 de 03 de abril de 1985, conocida como LRBRL, estableció que son los ayuntamientos los que deben gestionar el servicio de abastecimiento y saneamiento, en la misma ley art. 87 se estableció además la posibilidad de formar consorcios con otras administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro, que persigan fines de interés público concurrentes con los de las A.A.P.P. eligiendo la forma de gestión que más le convenga.

Por lo que en España nos encontramos con una gran variedad de modalidades de gestión urbana, que va desde, va desde organismos autónomos estatales como las Confederaciones Hidrográficas o la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, autonómicos –ej. Agencia Catalana del Agua-, empresas públicas estatales-Aguas de la Cuenca del Ebro, ACUAMED, etc.-, autonómicas –Canal de Isabel II-, locales – AMJASA -, mixtas –Aguas de Alicante, Aigües d’Elx- empresas privadas concesionarias –Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia-, mancomunidades y consorcios –Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, Consorcio de Agua de la Marina Baja- junto con los propios entes locales .

Es evidente que establecer unos estándares de calidad en este escenario es bastante complicado y es evidente que es necesario que se establezca la figura de una agencia estatal, que regule de alguna manera el servicio prestado, tanto directa como indirectamente por los propios Ayuntamientos, a través de empresas públicas, mixtas o privadas. Es necesario homogeneizar el servicio para que así el consumidor entienda el porqué de las diferencias de precios entre municipios, establecer estándares de calidad comparables, etc.

Toda esta información forma parte de un documento preliminar elaborado por un grupo de investigación del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante al que pertenezco que está liderado por Teresa Torregrosa y Martín Sevilla.

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Foto de Vicente Casanueva